Tras la publicación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, todos los espectáculos en directo en España, como los conciertos, obras de teatro danza o corridas de toros, así como la entrada a discotecas y salas de fiestas tienen desde el 29 de junio un IVA del 10%. Los PGE recogen una rebaja del IVA del 21% al 10% para algunas actividades, como las mencionadas, aunque deja fuera otras como el cine o los servicios veterinarios, que continúan al tipo máximo, del 21%. En algunos otros casos, como el de las corridas de toros, pasan a tener un tipo más bajo que antes de la subida, ya que cotizaban al 18%. 

 

   Durante la tramitación de los presupuestos, PSOE, Podemos, PDeCAT, ERC, Compromís y EH Bildu se unieron para que también se bajara el IVA a las entradas en salas de cine, pero la iniciativa no prosperó. En idéntico sentido, se podría hablar de la Proposición no de Ley (PNL) que el Congreso sacó adelante en octubre para rebajar este impuesto indirecto once puntos, que fue respaldada por todos salvo por PP -que se opuso- y por C’s -que se abstuvo- y que no ha sido elevada aún al Senado para ser refrendada. 

 

Para llegar a concretarse esta PNL -que obtuvo 177 votos a favor, 132 votos en contra y 32 abstenciones- fue necesario el esfuerzo e implicación de todos los sectores de este ámbito profesional, Consejo de Colegios de Veterinarios de España, todos los colegios provinciales, asociaciones empresariales, entidades de protección animal, y los más afectados: los clínicos de animales de compañía. Todos contribuyeron en la movilización y en iniciativas como la recogida de decenas de miles de formas en favor de la rebaja fiscal.

 

En esta línea, la última organización en hacer público si malestar ha sido de la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía (AMVAC) cuyo gerente, Jaime Díaz, destaca que le resulta “increíble que esté gravado con más IVA curar a un perro o a un gato que ir a un concierto, al teatro o a los toros”. 

   Según un comunicado de tal entidad, la subida (del 8% al 21%) ordenada en 2012 provocó el cierre de 730 centros veterinarios en España, lo que desde entonces ha afectado no sólo al personal de las propias clínicas, sus clientes o sus mascotas sino “a la sociedad en general y a la salud pública”. Un hecho que se ha plasmado en el descenso de  los tratamientos preventivos en mascotas para controlar enfermedades infectocontagiosas y parasitarias.

 

-Ver elperiodico.com / 21-6-2017