El Supremo reafirma al veterinario frente al agrónomo y el Constitucional obliga a colegiarse a los empleados públicos

Dos importantes sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional  servirán para esclarecer el ámbito de actuación profesional y colectivo propio de los veterinarios. De un lado, la más alta instancia de la judicatura ha reafirmado la competencia del veterinario frente al ingeniero agrónomo en materia de sa­nidad animal, del otro, el Constitucional ha desestimado la pretensión de la Junta de Andalucía de eximir de la colegiación a un veterinario mientras ejercía en la función pública.

 

En el primer caso, la sentencia dictada en octubre del año pasado ha ratificado que el hecho de que Ios ingenieros técnicos agrícolas adquieran, dentro de su plan de estudios, nociones en materia de tecnología de alimentos, no los convierte en profesionales sanitarios. Los magistados conclu.ren que el análisis en profundidad de las “enfermedades propiamente animales” transmisibles o no a los humanos, los gérmenes que en su caso pudieran producirlas, Ias epidemias y los factores desencadenantes de unas y ’otras’ son materias “sanitarias” correspondientes a la especialización veterinaria y no a la agronómica en general, incluyéndose también la noción de “higiene”. El asunto en cuestión se refirió, concretamente, al sector lácteo en el que la norma comunitaria otorga un papel preponderante a los veterinarios en cuanto a los requisitos en materia de sanidad animal e higiene. La sentencia establece que, más concretamente, que estos equipos tendrán que estar dirigidos por veterinarios si bien en tales podrían integrarse otros profesionales con conocimientos complementarios.

 

En el segundo y más reciente pronunciamiento, el fallo rubricado el 17 de enero de 2013 estima el recurso de insconstitucionalidad presentado por la Abogacía del Estado contra un inciso del artículo 30.2 de la Ley del Parlamento de Andalucía 15/2011, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, Presupuestarias, de control y Administrativas que excepcionó la colegiación para el personal al servicio de las Administraciones Públicas.  El Constitucional aduce que tal inciso es contrario a la Ley estatal de Colegios Profesionales por lo que concluye que el legislativo andaluz vulneró sus competencias autonómicas.

 

Consultar:

 

- Circular del CGCVE sobre colegiación obligatoria de los empleados públicos

 

- Sentencia del Constitucional sobre colegiación obligatoria de los empleados públicos

 

 

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