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Lidia Rodríguez es una de los tantos veterinarios que dicen verse afectados por el Real Decreto 666/2023, que entró en vigor de manera efectiva el pasado 2 de enero. Una nueva normativa que regula la dispensación y el uso de medicamentos en las clínicas veterinarias, estableciendo restricciones en la prescripción de antibióticos para animales de compañía, entre otras medidas.
Ella es dueña y veterinaria del centro Animalia, situado en la calle Morena, 1, de Valladolid, y asegura que esta norma ha hecho que su trabajo se haya visto «bastante dificultado», al suponerla «mucha más carga», fundamentalmente, por no poder recetar un antibiótico «de primeras».
«Primero tenemos que hacer un cultivo y en función de ese cultivo, poner el tratamiento. A veces pasan días y perdemos mucho tiempo», explica en declaraciones a El Español – Noticias de Castilla y León. Del mismo modo, confiesa que también le está afectando económicamente, al igual que a sus clientes, porque todo lo que implica la ley «lo tengo que repercutir en ellos y muchos no lo aceptan».
