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La eventual derogación íntegra del Real Decreto 666/2023 no devolvería al sector veterinario al marco normativo anterior. Por el contrario, dejaría sin una regulación nacional suficientemente detallada aspectos esenciales de la prescripción, el uso y el suministro de medicamentos veterinarios y generaría una mayor inseguridad jurídica para los profesionales.
Esta es la principal conclusión de un dictamen jurídico externo de una entidad independiente que analiza los efectos y las alternativas a una hipotética derogación de la norma. El estudio señala que las disposiciones anteriores que fueron derogadas en 2023 no recuperarían automáticamente su vigencia y que seguirían siendo aplicables tanto el Reglamento europeo como la legislación estatal de rango superior.
