El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha establecido que la obligación de los veterinarios funcionarios de estar localizables mediante teléfono corporativo para atender alertas alimentarias no genera, por sí sola, derecho a percibir gratificaciones por servicios extraordinarios, al no considerarse tiempo de trabajo en sentido jurídico. La sentencia estima el recurso de la Generalitat Valenciana y revoca el fallo previo que sí había reconocido ese derecho a un coordinador veterinario de salud pública.
