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La Comisión Europea ha remitido el caso de Francia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), argumentando que ciertos aspectos de su legislación veterinaria son incompatibles con las normas de la UE sobre libertad de establecimiento y libre circulación de servicios ( Directiva 2006/123/CE ). El meollo de la controversia reside en los requisitos franceses que exigen que la mayoría de las acciones de las empresas veterinarias estén en manos de veterinarios en ejercicio que trabajen en la empresa, y que un veterinario accionista esté presente, al menos a tiempo parcial, en cada establecimiento. Según la Comisión, estas disposiciones crean «barreras injustificadas» para la organización y el desarrollo de las empresas veterinarias.
