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Los colegios afianzarán su relación con los ayuntamientos y promoverán cursos para explicar la ley que pronto se aprobará a técnicos de los consistorios
La entrada en vigor, cuando sea finalmente aprobada por Les Corts, de la Ley de Protección, Bienestar y Tenencia Responsable de Animales de Compañía, conllevará una mayor implicación de los ayuntamientos en la protección y bienestar de estos seres. Los veterinarios tendrán entonces un papel protagonista. Pero la norma también permitirá que los colegios afiancen su relación con el municipalismo y promuevan cursos sobre tenencia responsable y otras cuestiones también vinculadas a esta profesión dirigidos al personal que trabaja en concejalías como las de Salud Pública, Medio Ambiente, Bienestar Animal o Agricultura.
Así lo confirmó recientemente el subdirector general de Agricultura y Ganadería, Miguel Ángel Aragón Dolz -quien, además, pertenece al Cuerpo Nacional Veterinario- tras mantener un encuentro con la presidenta del CVCV, Inmaculada Ibor, el pasado 20 de enero. La Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, efectivamente, tiene presupuestado para 2023 una partida de unos 100.000 euros para financiar tales acciones formativas así como las de veterinarios habilitados.
Aunque las conversaciones a este respecto no han hecho más que comenzar, a priori los cursos serían impartidos por los colegios, que diseñarían un temario para dar a conocer el contenido de la referida Ley en lo que respecta a las obligaciones que deberán asumir los municipios en el ejercicio de sus nuevas y reforzadas competencias sobre tenencia y bienestar de animales domésticos. La formación a los técnicos municipales se impartiría, en primera instancia, en las instalaciones de los propios ayuntamientos, en mancomunidades… .
Diputaciones y tasas
A esta partida -vinculada igualmente con el desarrollo y la financiación de esta Ley- cabría añadir otra más amplia dirigida a las diputaciones provinciales (que a su vez auxilian en sus presupuestos a los municipios, especialmente a los más pequeños), de en torno al millón de euros. La futura norma también permitirá a los consistorios implantar una tasa por tener un gato o un perro con la que financiar las nuevas funciones que se les confieren.
