Joaquín Marco, propietario de la granja de visones Secapiel de La Puebla de Valverde (Teruel) en la que se detectó un brote de covid-19 el pasado mes de julio y hubo que sacrificar a los 92.700 animales por orden del Gobierno de Aragón, ha denunciado que todavía no ha cobrado la indemnización que le corresponde.

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