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El ICOVV se reunió el 1 de abril con el concejal de Bienestar Animal, Juan Carlos Caballero, para recabar el apoyo del consistorio
Valencia es ya la primera gran ciudad de España en mostrar formalmente su apoyo a las reivindicaciones de los veterinarios. El Ayuntamiento de la capital del Turia aprobó, en la sesión plenaria celebrada el pasado 30 de abril, requerir al Gobierno de España la inmediata suspensión de la aplicación y modificación del Real Decreto 666/2023 de 18 de julio que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. El consistorio reclama así al Ejecutivo central «abordar de manera real el problema que se pretende afrontar» con el Reglamento de la Unión Europea 6/2019 de 11 de diciembre de 2018. La corporación acordó igualmente solicitar al Gobierno que se inicie “un verdadero diálogo con los profesionales veterinarios cuya única misión y finalidad es aplicar una normativa coherente con sus fines deontológicos, que no es más que velar por el bienestar animal”.
Tras las mociones sacadas adelante en la ciudad de Málaga, Ronda y Coín (en la provincia de Málaga), el consistorio valenciano es el cuarto en pronunciarse en este sentido. Es también la primera gran urbe en alinearse con las tesis defendidas durante estos meses por el colectivo veterinario pero es previsible que no será la última y que durante las próximas fechas se presentarán y aprobarán otras tantas mociones análogas.
El pleno del Ayuntamiento de Valencia aprobó concretamente la moción presentada por Juan Carlos Caballero, portavoz municipal y concejal responsable de la Oficina municipal de Bienestar Animal, con quien el Colegio de Valencia (ICOVV) se reunió el pasado 1 de abril para hacerle partícipe de la situación y tratar de recabar el apoyo del consistorio. Así, durante la sesión celebrada el miércoles, Caballero alertó de la necesidad de “iniciar acciones reales que reduzcan las cargas burocráticas tanto para profesionales como para administraciones competentes en la materia, de modo que la regulación y el procedimiento sancionador en esta materia no se deban “a una trasposición apresurada y sin sentido de la normativa europea”. El acuerdo municipal incluye también “requerir la regulación inmediata de un IVA reducido para la atención y los productos veterinarios”. El concejal afirmó igualmente en el hemiciclo que esta normativa “ata de pies y manos a los veterinarios y los convierte en sospechosos”.
El problema con PRESVET
A juicio de Caballero, “la polémica” se ha desatado con la entrada en vigor a partir del 2 de enero de 2025 del artículo 39.1 del citado Real Decreto, “al introducir de manera inmediata y obligatoria la necesidad de efectuar la notificación electrónica de prescripciones antimicrobianos por veterinarios, notificación que debe realizarse en plazos muy perentorios y con un ingente número de datos mínimos de comunicación”. «El Real Decreto, a pesar de su loable finalidad, se ha convertido en un corsé irreductible que olvida la profesionalidad de los veterinarios, pone en el punto de mira el ejercicio clínico de la profesión, encarece el tratamiento de los animales, reduce el bienestar animal y deja prácticamente fuera de tratamiento a los animales de compañía no identificados», explicó en su moción el responsable municipal de la Oficina de Bienestar Animal.
El Grupo Compromís, a través del concejal Giuseppe Grezzi, propuso durante su intervención en el hemiciclo que se concretara “la reducción inmediata de la bajada al 8% de l’IVA”, así como la promoción de campañas informativas, en colaboración con el propio ICOVV, para la esterilización responsable de perros y gatos en la ciudad, lo que fue aceptado por el pleno. Previamente, Nuria Llopis, concejala del Grupo Socialista, alabó la preocupación de Caballero por los animales, pero le reprochó que se trata de «una moción que no depende del Ayuntamiento y de lo que usted tiene cero competencias».
Antes del debate, intervino un veterinario clínico en el Pleno, que manifestó su oposición al real decreto porque —a su juicio— no se ha consensuado con el sector, tiene un impacto negativo sobre la salud animal y criminaliza injustamente a los profesionales.
