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Tras su intervención, el Grupo socialista y posteriormente el MAPA se muestran por primera vez abiertos a proponer «modificaciones legales»
El vicepresidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España y presidente del Colegio de Veterinarios de Alicante (Icoval), compareció el día 2 de abril ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Senado para exponer las graves consecuencias que está generando la aplicación del Real Decreto 666/2023 sobre la actividad veterinaria. Gonzalo Moreno del Val detalló el impacto del Real Decreto 666/2023, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios.
Durante su intervención ante los grupos de la cámara alta -que se prolongó por algo más de 15 minutos, más el tiempo dedicado a responder al turno de preguntas de los senadores- , lamentó que la normativa se haya elaborado sin tener en cuenta la realidad del ejercicio veterinario, lo que ha derivado en una creciente “criminalización de la profesión” y en importantes dificultades para ejercerla con garantías jurídicas, técnicas y científicas. Es más, como conclusión del encuentro, advirtió: «Los veterinarios no queremos ser farmacéuticos pero estamos ante una normativa inspirada en el sector farmacéutico de humana, y sin tener en cuenta las peculiaridades de nuestra profesión. En humana hablamos de 1 especie, tenemos niños y adultos sin excesiva variabilidad de pesos. En veterinaria tratamos desde un hámster a un elefante, pero tenemos mucha menos flexibilidad para usar los medicamentos».
El vicepresidente de la OCV denunció la interpretación “restrictiva” de la normativa en España, en comparación con otros países europeos. Advirtió que, si no se establecen criterios comunes entre los ministerios de Sanidad y Agricultura, la aplicación del decreto podría variar entre comunidades autónomas, provincias, e incluso entre inspectores, generando un escenario de «inseguridad jurídica» que compromete tanto la salud pública como el bienestar animal.
Restricciones al criterio clínico en la prescripción
Uno de los puntos más críticos expuestos fue la falta de flexibilidad en la prescripción de medicamentos, que impide a los profesionales adaptar los tratamientos a las necesidades reales de los animales. En este sentido, recordó que incluso la Agencia Europea del Medicamento (EMA) reconoce que «seguir estrictamente las fichas técnicas puede aumentar las resistencias a los antibióticos». Y recordó que esto es justamente lo que impone este RD que, a este respecto concreta -y leyó el artículo en cuestión- que “los medicamentos deben emplearse exclusivamente conforme a las indicaciones, especies y regímenes de dosificación establecidos en la ficha técnica, sin posibilidad de desviación”. Sin embargo, el reglamento europeo -al que el Ministerio de Agricultura dice adaptarse- establece que los medicamentos «deben usarse conforme a los términos de la autorización, pero también contempla su uso fuera de estas condiciones», recordó.
A diferencia de España, en otros países comunitarios, para aclarar este aspecto y otorgar mayor seguridad jurídica al trabajo de los veterinarios -según recordó Moreno del Val- «se han emitido notas aclaratorias que favorecen el principio de la independencia del veterinario, ampliando su libertad para realizar prescripciones fundamentadas en su criterio profesional y conocimiento científico».
También cuestionó el limitado uso de la prescripción excepcional, a través de la llamada “cascada por vacío terapéutico”, que solo se permite si no existen medicamentos autorizados para una especie e indicación concreta. Esta situación obliga a los profesionales -según incidió poniéndole todo el énfasis- «a asumir riesgos y responsabilidades adicionales, siempre en favor del bienestar animal».
El más restrictivo
Moreno del Val denunció que, a pesar de que antes de la entrada en vigor de este decreto, España ya hubiera reducido un 70% el uso de antibióticos en ganadería y que los animales de compañía representan solo el 0,19 % del consumo total, nuestro país cuenta con el marco más limitador de la acción veterinaria de la UE. «El Ministerio de Agricultura parece pensar que el problema de las resistencias lo generamos los veterinarios, y decidió establecer el marco más restrictivo de la UE», cocluyó. En esta misma jornada, la propia OCV difundió un informe de legislación comparada de la UE que acreditaba tal cosa.
Efectivamente, en Europa la categorización de antibióticos es una recomendación de la EMA, clasificándolos en función del riesgo que su uso representa
para las resistencias antimicrobianas. Una perspectiva que -recordó el responsable colegial- «ya aplicaba nuestra profesión en su práctica diaria antes del RD». Efectivamente, según reflejan informes de la referida agencia y Moreno del Val destacó, los veterinarios solo recurren a los antibióticos más restringidos del grupo B en un 3% de los casos.
En España, con el RD 666/2023, los antibióticos de categoría superior sólo podrán utilizarse cuando los de categoría inferior resulten ineficaces lo que -según avanzó- «está provocando retrasos innecesarios en los tratamientos». Además, el uso de los de categoría B requiere pruebas de cultivo y sensibilidad antes de su administración, excepto en casos de urgencia. «Todo esto se legisla sin considerar las particularidades de nuestro sector, olvidando que el mercado de medicamentos veterinarios está dirigido a más especies y es mucho más reducido que el de humana. Por poner un ejemplo, en el grupo D de antibióticos, solo existen fármacos autorizados en veterinaria para el 25% de los principios activos», explicó.
Contra PRESVET
Otro de los aspectos más controvertidos de esta regulación es el sistema de notificación obligatoria de prescripciones de antibióticos PRESVET, que el vicepresidente calificó como “innecesario, duplicado y excesivo”. A este respecto informó que este sistema no emplea las unidades de medida estandarizadas por la EMA y que exige un volumen de información «difícilmente justificable», además de imponerse cinco años antes de lo que establece el reglamento europeo para los animales de compañía.
«El sistema genera una duplicidad evidente y va en contra del objetivo del Reglamento de reducir la carga administrativa», concluyó.
Modificación del RD-L 1/2015
En España, y pese a que el Reglamento europeo lo permite, los veterinarios no están autorizados para vender medicamentos según una disposición establecida en el Real Decreto Legislativo 1/2015. «En Europa, frente a las únicas excepciones de Italia y España, impera un sistema de distribución de medicamentos veterinarios en el que los profesionales de la veterinaria tienen la facultad de prescribir y suministrar los fármacos necesarios para completar los tratamientos de sus pacientes. Con este modelo, siguiendo la filosofía del uso racional de los medicamentos, se recibe la cantidad justa y necesaria de fármacos directamente tras la consulta asegurando una continuidad asistencial directa, impidiendo queden sobrantes en los hogares de los tutores, y evitando riesgos de uso indebido», señaló. Esta es también una de las conclusiones más evidentes del referido informe de la OCV que fue dado a conocer también el pasado día 2 de abril.
Reacción positiva
En el turno de preguntas intervino el senador del Partido Socialista, José Latorre, que, como partido del Gobierno, dio su perspectiva sobre las peticiones de los veterinarios. En este sentido, puso el acento sobre el “gravísimo” problema de las resistencias a los antimicrobianos y aseguró que España está en el cuarto lugar en venta de antibióticos veterinarios. Es por esto por lo que defendió que en nuestro país se estén tomando medidas más restrictivas. Junto a ello, quiso destacar cómo los perros y gatos se encuentran por delante en el recurso a antibióticos de especies como el ovino o caprino.
También abordó la cesión de medicamentos, una fórmula que consideró adecuada. “Conocemos que hay miles de casos en los que se produce una cesión de la medicación al propietario del animal”, aseguró.
Dicho todo lo cual y por primera vez, aclaró que el Gobierno está abiertos a discutir la situación. “Creo que la posición, en este caso del Grupo Parlamentario Socialista y del Gobierno, es estar abiertos a modificaciones que puedan ayudarles en la interpretación de la norma o a modificaciones que puedan hacerles la vida más fácil”, matizó.
Carta de Almansa
En esta misma línea podría interpretarse la extensa carta dada a conocer ese mismo día por el diario Animals Health, en la que el director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Valentín Almansa, explica algunos puntos polémicos de la normativa de medicamentos veterinarios y su interpretación. Al final del escrito, al igual que el senador, el promotor y responsable del sistema PRESVET asegura que el Ministerio de Agricultura “analiza periódicamente la aplicación de la normativa impulsada en aras de plantear eventuales modificaciones de la misma para una mejor aplicación, o para valorar de nuevo los datos o factores necesarios para analizar la situación concreta regulada, lo que incluye al Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios”
Dossier de prensa:
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