Tras asegurar los fondos de la nueva PAC, Cañete opta por iniciar conversaciones para comarcalizar las ayudas

caetewebTras tres años de negociaciones, la UE llegó los días 24 y 25 de junio a un acuerdo sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC). De forma paralela, se aprobó el Marco Financiero Plurianual para el periodo 2014-20 “que garantiza un nivel de apoyo equivalente al del periodo anterior” señaló el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete. En concreto, España va a percibir en tal plazo 35.705 millones de euros para ayudas directas, 8.291 millones para desarrollo rural y más de 3.000 millones para medidas de mercado, lo que suman 47.000 millones. Ésos son lo grandes números pero, a partir del marco creado y de las amplias posibilidades de adaptación dadas a los Estados miembros, el ministerio ha iniciado una ronda de contactos con las comunidades autónomas y representantes del sector para pactar su aplicación.

 

   Una primera y llamativa medida será el inicio de negociaciones para aplicar -en palabras del ministro- “una PAC nacional” pero adaptada a través de una ‘comarcalización’ de las ayudas. En tal proceso se definirían importes homogéneos de ayudas (en función de los pagos directos recibidos en 2011) atendiendo a grandes tipos de producción (secano, regadío, cultivos leñosos y pastos), que luego se agruparían en un número reducido de estratos (unos 40). “La comarca -como agregación de municipios con las mismas características agronómicas- es la mejor aproximación a las realidades de nuestro país. Y, dentro de cada comarca, se distinguirían 4 tipos de superficies” (las ya citadas), explicó Cañete.

 

   Ésta es una de las primeras medidas confirmadas tras la conferencia sectorial del 24 y 25 de julio. La cita, además, vino precedida de una inusitada consulta: el ministerio envió un cuestionario de 52 preguntas a las autonomías y organizaciones agrarias para perfilar cómo se distribuirán las ayudas.

 

Con la ronda iniciada arrancan unas negociaciones que perdurarán durante todo el otoño. En ellas, entre otras cuestiones claves, se tendrá que definir quién se debe considerar como ‘agricultor activo’, un concepto no cerrado por la UE que determinará la posible exclusión de aquellos que en la práctica no tienen actividad agroganadera; o sobre la forma con la que se limitará las superficies con ayuda. Ambas cuestiones servirán para definir el montante final de los futuros beneficiarios de la PAC.

 

 

Primeros acuerdos

   Sin embargo, ya se han logrado los primeros acuerdos de base, entre los que se pueden destacar: aplicar una PAC estatal y no autonómica, no dar primas extra a las primeras hectáreas de una explotación, eliminar los pagos por debajo de los 300 euros para reducir gastos administrativos; crear un tope máximo a percibir por explotación de 300.000 euros; no permitirir trasvases de fondos entre el ‘primer pilar’ (el propiamente agroganadero) y el segundo (los rurales, que mantendrán un programa nacional y otros autonómicos); destinar el 2% del sobre nacional a apoyar a productores jóvenes (una de las nuevas medidas de la reforma incluida en el ‘primer pilar’,) así como el 15% -el máximo permitido- para pagos acoplados fundamentalmente a las explotaciones ganaderas.

 

 

Ganaderos

Éste último acuerdo responde a un intento de tratar de ‘compensar’ a los que ya han sido señalados como uno de los grandes damnificados por la reforma: los ganaderos sin (o casi sin) tierras. Efectivamente, la reforma pretendía dar sólo ayudas a las explotaciones con territorio asignado, de ahí que la negociación tratase de arrancar un porcentaje mayor de pago acoplado (a la producción). Sin embargo, la opción de la comarcalización podría suponer que muchos ganaderos de vacuno y ovino-caprino vean recortados sus derechos hasta un 30% porque la categoría ‘pastos’ engloba realidades muy diferentes, tanto desde el punto de vista de productivo (desde praderas abonadas y cuidadas hasta eriales) como económico (porque los derechos unitarios dependen de la actividad que se desarrolló en el pasado y que ahora ya no se tiene en cuenta). El ministerio trabaja en fórmulas, más allá de los pagos acoplados, para atenuar este agravio comparativo.

 

El minifundismo vuelve a castigar

 

Tras la celebración de la primera sectorial sobre la reforma de la PAC, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) alertó que podrían quedarse fuera del pago único hasta un tercio de los agricultores de la Comunidad. De un lado, los cultivos hortofrutícolas, pese a que era potestativo del Estado poder incluirlos, han vuelto a ser excluidos del antiguo pago único, ahora llamado pago básico. Del otro, la decisión consensuada de no abonar ayudas inferiores a los 300 euros -en lugar de los 100 euros actuales- también penalizaría a los productores valencianos a causa del minifundismo.

   Pese a todo, el conseller de Agricultura y vicepresidente del Consell, José Císcar, al término de la citada reunión y consciente de que las negociaciones no han hecho sino comenzar, matizó que el “campo valenciano va a seguir teniendo las mismas ayudas”.

   Cooperativas Agroalimentarias de la Comunitat Valenciana, por su parte, coincidió con AVA-ASAJA en calificar por parecidos motivos de “decepcionante” a este primer encuentro. Más cautos se mostraron desde La Unió, quienes advirtieron que “habrá que esperar a ver cómo evoluciona el proceso de comarcalización anunciado”. Entre otras cosas porque -pese a eliminar los pagos inferiores a 300 euros- también se acordó ofrecer a esos beneficiarios una forma asociativa para cobrar todos en común.

 

Greening

Queda por definir también cómo encajará en este pago básico ‘comarcalizado’ el nuevo concepto de ‘greening’. En este sentido -como destacaba el ministro- se ha logrado arrancar una “notable flexibilidad” de las condiciones para poder percibi estos fondos. El hecho de que los cultivos permanentes (de hoja perenne) se califiquen “per sé” como componente verde beneficiará a cultivos valencianos clave como los cítricos, frutales, olivar, viñedo o frutos secos.

 

Dos leyes claves para el sector alimentario

 

Más allá de la reforma de la PAC, el MAGRAMA ha aprobado durante el mes de julio dos regulaciones llamadas a tener un papel muy relevante en el futuro de la industria alimentaria: la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria y la Ley de Fomento a la Integración Cooperativa y de otras Entidades Asociactivas agroalimentarias.

 

   La primera de ellas trata de poner un poco de orden y equilibrio entre los intereses de todas las partes, productores, industriales y los grupos de distribución, hoy en una posición de claro dominio en cuanto a su poder de negociación. La nueva regulación introduce medidas largamente reivindicadas, como la exigencia obligatoria de los contratos, la regulación de posibles abusos (fundamentalmente de la gran distribución) con fuertes sanciones, la posibilidad de denuncias anónimas de tales abusos y la actuación de oficio de la recién creada Agencia de Control Alimentario.

 

La segunda, propone medidas para potenciar y primar la integración de agricultores y ganaderos en las llamadas “entidades asociativas prioritarias”, de carácter supraautonómico y que se beneficiarán de un mejor trato en ayudas y beneficios. Se trata, por tanto, de alentar la concentración de la oferta.