‘Duras’ alegaciones al decreto de venta de proximidad

jabalieswebEl borrador de decreto de venta de proximidad fue remitido en octubre por la Dirección General de Agricultura y Pesca pero es evidente que la parte correspondiente a seguridad e higiene alimentaria -que no es poca- fue propuesta por la Dirección General de Saud Pública. En las ‘duras’ alegaciones que el Consell Valencià de Col´legis Veterinaris (CVCV) ha remitido a este borrador se hace alusión en  tono muy crítico en varias ocasiones, de hecho, a esta dirección de la Conselleria de Sanitat Universal. En las recomendaciones presentadas se cuestionan, de otro lado, dos de las actividades principales que este decreto pretendía regular: la venta directa de caracoles recogidos en el campo y la que hace referencia a la comercialización en los llamados circuitos cortos de carne de caza. 
 
    Como se recordará, con este texto legal Agricultura pretende incentivar la venta directa de productos primarios, evitando intermediarios pero garantizando la seguridad alimentaria.
 
Exclusión de caza y recolección
Como se avanzaba, en sus alegaciones el CVCV recomienda la exclusión de este decreto de los cazadores y de quienes recogen productos silvestres     (caracoles o setas, fundamentalmente) sobre los que se pide expresamente que sean eliminados de la definición de ‘productores primarios’. Y se argumenta tal cosa por dos razones fundamentales: “por la ausencia de garantía sanitaria y ni siquiera de la legalidad de su procedencia”. O dicho de otro modo y por retomar la histórica reivindicación del CVCV: que la revisión sanitaria de la carne procedente de caza mayor o incluso menor bien merece una regulación propia mucho más desarrollada y que, con la redacción dada, se podría dar amparo a la comercialización y entrada en la cadena alimentaria de piezas de caza, caracoles o setas robadas o recogidas sin el permiso de sus propietarios.
 
    Así se entiende también mejor la redacción -con tono algo sarcástico- de la alegación referida a la falta de exigencia de una revisión veterinaria en el sacrificio de “pequeñas cantidades de carne de aves de corral, lagomorfos y aves de caza de cría” (art 9). “Entendemos (por tal ausencia) que se debe a un error u olvido”  que debiera -continua el texto del CVCV- “explicitarse” y en su caso aclarar si esta revisión “la debe efectuar un veterinario habilitado”.  
   En esta misma línea y como ya es bien sabido, los representantes de los veterinarios rechazan la figura propuesta del ‘cazador formado’ que permitiría a éstos -con un cursillo que no está aún reglado- poder realizar la primera inspección in situ de las piezas cobradas.
 
Polémico art 7
Quizá el artículo 7 es uno de los que condensa buena parte de las deficiencias más graves detectadas en este borrador. Tanto es así que, más que introducir matices o cambiar términos, en las alegaciones se pide la “reconsideración en su totalidad”. El artículo en cuestión se refiere a los “Requisitos, obligaciones y responsabilidades que han de cumplir los productores primarios que quieran suministrar pequeñas cantidades de productos de vegetales silvestres y moluscos gasterópodos silvestres al consumidor final”.
 
    De nuevo, la recogida de setas, hongos o los citados moluscos, centra las críticas. “En este caso no existe ni autorización ni comunicación administrativa, no se habla de requisitos higiénicos de los locales, ni siquiera someramente, ni de cuáles son los locales donde se pueda dar la recolección”, advierten a este respecto las alegaciones.
 
    La falta de concreción del borrador en cuanto al tratamiento de este tipo de recogida -que tampoco encuentra mayor tipificación en el Decreto 21/2012 que regula el procedimiento de los planes de conservación de especies catalogadas de fauna y flora silvestre (al que también alude este borrador- agravaría la doble amenaza que se cierne sobre la venta de estos productos. De un lado, no se menciona la necesaria autorización previa del propietario y en razón de ello no se ofrece garantía alguna de que la recogida se realizase en campos no recién tratados con fitosanitarios (en el caso de explotaciones agrarias) o zoosanitarios (en el campo), lo que evidentemente podría degenerar en una intoxicación de quien los consumiera.
 
En la vivienda
Otra de las alegaciones clave hace referencia a la definición de uno de los sujetos beneficiarios de este posible decreto: ‘el pequeño productor agroalimentario’. A este respecto, el CVCV rechaza rotundamente que estos productos puedan ser transformados “en locales utilizados principalmente como vivienda privada”. “Resulta inviable e imposible obtener una garantía sanitaria en las instalaciones de la vivienda -usualmente cocinas domésticas- cuando se utilizan indistintamente para uso privado y para actividades comerciales”, se explica. Por ello, las alegaciones proponen sustituir el término “vivienda” e incluir en su lugar la expresión “locales de uso exclusivo situados en la vivienda”.

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